En la Unión Europea las medidas de mercado para los sectores agrarios quedan reguladas a través del Reglamento 1308/2013 (OCM única) y disposiciones delegadas, contemplando para el sector apícola una serie de actuaciones de intervención que se vehiculan a través de Programas Nacionales Apícolas (PNA).
Estos programas tienen carácter trianual y son cofinanciados en un 50% por la Comisión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA). El otro 50% es financiado por el Estado Miembro. Este régimen de cofinanciación justifica el asentamiento de unas directrices generales de intervención, que responden a retos comunes a todo el sector apícola comunitario en su conjunto, y que los Estados Miembros desarrollan en base a la estructura de producción y comercialización del sector en sus respectivos territorios.
En España, el marco legal de los programas apícolas queda definido por el Real Decreto 930/2017, de 27 de octubre, por el que se regula el régimen de ayudas a la apicultura en el marco de los programas nacionales anuales y se modifica el Real Decreto 209/2002 de ordenación de las explotaciones apícolas. Esta disposición recoge el régimen de actuaciones, financiación, comunicación y aplicación del PNA, siguiendo las directrices propuestas desde la Comisión Europea. El carácter descentralizado de España exige que la aplicación del plan apícola en las diferentes regiones recaiga sobre las autoridades competentes de las CCAA, las cuales ejecutan y supervisan su aplicación según lo expuesto en sus respectivas disposiciones de aplicación.
Esta descentralización justifica el modelo de financiación instaurado para el PNA en España, en el que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) contribuye hasta un máximo del 25% del coste total de las medidas a realizar, dentro de las disponibilidades presupuestarias y para todas las líneas del programa, a excepción de la Línea F, en las que podrá contribuir hasta el 50%. Las CCAA financiarán el 25% restante, contando País Vasco y Navarra con un régimen específico de financiación. La distribución territorial se hace en base a criterios objetivos, principalmente en base al censo de colmenas.
El Programa Nacional Apícola en España contempla ocho posibles líneas de ayuda que reflejan el perfil de nuestro sector apícola, a saber, asistencia técnica, lucha contra agresiones de la colmena, racionalización de la trashumancia, análisis de productos apícolas, repoblación de la cabaña, investigación aplicada en apicultura, estudios de seguimiento del mercado y mejora de la calidad. Estas medidas responden las necesidades principales del sector, como son el consolidar su profesionalización, vertebración, modernización, y mejora de los sistemas de producción y comercialización.
Desde el establecimiento de estos programas en 1998, la apicultura española ha percibido más de 140 millones de euros (126.162.119 euros periodo 1998-2013), siendo el principal perceptor comunitario, y con un alto grado de ejecución (superior al 90%). España acapara un 16,6% del presupuesto disponible para programas apícolas, con el 16% de las colmenas de la UE.
Los programas apícolas del trienio 2020-2022 fueron aprobados por la Decisión de Ejecución (UE) 2019/974 de la Comisión, a través de la cual la Unión compromete una contribución comunitaria de 40 millones de euros anuales, un 11% más que en 2017-2019. De este total, a España le corresponden 16.904.999 euros, lo que le convierte en el principal Estado Miembro perceptor comunitario con un 14% del total de los fondos de la UE destinados a los programas apícolas.